Estrategias económicas, intervención
social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo
La
intervención social del Estado regula el mercado de trabajo mediante tres
instrumentos: medidas de política laboral, provisión estatal de bienes,
servicios y transferencias y seguridad social.
Las políticas
hacia el mercado de trabajo constituye el instrumento de regulación estatal del
mercado de trabajo por excelencia. Su componente más importante es la
legislación del trabajo que establece las condiciones de contratación y despido
así como los niveles de remuneración. C a determinar el poder relativo del
trabajo y el capital, también las medidas de la política del trabajo
incluyen a regulación del volumen,
características y distribución de la oferta de trabajo, por ejemplo:
reclutamiento de mano de obra extranjera, movilidad geográfica y pautas
dirigidas a alentar o desalentar el empleo de grupos específicos de trabajo.
La provisión
estatal de bienes y servicios y transferencias (Educación, vivienda, salario etc.)
se lleva a cabo con los recursos
obtenidos de la recaudación tributaria y lo destina a subsidios, consumo
colectivo etc. Este instrumento actúa como mecanismo de regulación en tres
direcciones:
-Contribuye a adaptar el volumen y
calidad de la oferta de trabajo a los requerimientos de acumulación,
proyectando la dilapidación de la fuerza de trabajo.
-Influye
sobre el nivel de vida de los asalariados debido a la redistribución del
ingreso que se opera desde el Estado, también permite que ciertos bienes y
servicios no tengan que ser adquiridos con el salario.
-Incide
sobre las tasas de participación en la fuerza de trabajo.
El sistema
de seguro social provee de ingreso a los asalariados en inactividad forzada. Las
transferencias monetarias de seguridad social permiten reducir la
responsabilidad de las familias en solventar el consumo de los inactivos y
desempleados. La seguridad social también establece límites en el uso de la
fuerza de trabajo a través del sistema de jubilación, por lo tanto regula el
volumen de la fuerza de trabajo.
Estos tres
instrumentos de regulación controlan el conflicto social y frenan protestas en
situaciones de crisis. La represión también es considerada como instrumento de
la intervención social del Estado.
El modelo agroexportador (1890-1930) La construcción de la protección
social.
El crecimiento agropecuario trajo una
ola de industrialización. La demanda de mano de obra del sector agropecuario y
la escasez de fuerza de trabajo estimuló la inmigración. Con el crecimiento de
la clase trabajadora y desarrollo de las primeras luchas obreras surgieron los
primeros sindicatos.
A pesar de la creciente demanda y
salario relativamente elevado, las condiciones laborales y de vida de los
trabajadores eran miserables y objeto de reclamos por los sindicaos,
inquietando a la élite gobernante.
El alto costo de vida, precariedad
laboral, ausencia de leyes protectoras, problemas de vivienda, huelgas y
reclamos llevaron a la elaboración de leyes con contenido protector.
En 1902 se aprobó la Ley de Descanso
Dominical que obligaba a los empleadores a compensar a los trabajadores por
accidentes de trabajo.
En las últimas décadas del siglo XIX
se impulsó la educación gratuita obligatoria y hubo un proyecto de construcción
de casas baratas para trabajadores. Se renovaron entre 1880 y 1990
instituciones de salud, organizando la asistencia pública por la creciente
demanda que generaba la urbanización. El Estado también organizo y financio el
sistema jubilatorio para empleados de administración pública.
En el siglo XIX también surgieron
instituciones protectoras llamadas mutualidades que reclamaban intervención
estatal y estaban vinculadas a sindicatos, eran heterogéneas en términos de número
de beneficiarios y recursos. El principio básico de financiamiento era un
sistema de seguro basado en aportes personales de los trabajadores. Para el
siglo XX propusieron que los y afiliación tuvieran carácter obligatorio, las
mutualidades constituyeron el precedente de lo que luego serían las obras
sociales.
Las elites comenzaron a sentirse amenazadas
por la creciente ola de trabajadores con militancia anarquista, estas elites
estaban interesadas en la sanción de leyes que protegían el trabajo de menores,
mujeres e inmigrantes.
A lo largo del período de 1916 el
Estado recurrió frecuentemente a la represión directa de las luchas obreras.
En resumen, la intervención social
del Estado resulto de la escasez de mano de obra, las continuas luchas de los
sindicatos y una ideología modernizante de la elite del siglo pasado cuyo
énfasis sobre el progreso la llevo a implementar la educación gratuita y
obligatoria que a su vez resulto un instrumento para su propósito de
homogeneizar la fuerza de trabajo.
La crisis de 1930 resquebrajo el
modelo económico agroexportador, provocando desempleo masivo, uso de represión
en huelgas, restricción y discriminación de extranjeros y limitación de ideas
socialistas.
Sustitución de importaciones industriales (1943-1976) La consolidación de
la protección social.
La redistribución del ingreso de la
ISI hacia el sector asalariado fue el principal elemento de este periodo. El
crecimiento de la industria se basó en la producción de manufacturas e incorporación
de trabajadores.
La mecanización de la agricultura
generó disponibilidad de oferta de trabajo que migró al sector industrial. La
subordinación de la estructura sindical al Estado fue la resultante de la
combinación de coerción y cooptación que prevaleció durante el Peronismo.
Se reforzó la legislación laboral,
hubo nuevas leyes que contribuyeron a la negociación colectiva y seguridad
social. Creció el gasto público y actividades de beneficencia a los sectores
medios y bajos. La regulación estatal modifico las condiciones de trabajo y el
sistema de relaciones laborales, incluyó vacaciones pagas, aguinaldo e
indemnizaciones por despidos, el gobierno otorgaba beneficios a afiliados
sindicales y se promovieron los convenios colectivos.
Se desarrolló la seguridad social, se reguló el sistema
jubilatorio, se incrementaron fundaciones subsidiadas por el Estado y quienes
carecían de seguro social poseían derecho a asistencia Estatal. La política
salarial, subsidios indirectos al consumo de alimentos y control de alquileres,
así como el creciente salario social, fueron claves en el fortalecimiento del
poder adquisitivo y consolidación del mercado interno.
1955-1976 Decadencia de la protección del trabajo y seguridad social
Para el ´50 era claro el
estancamiento de la producción manufacturera. A partir del ´55 hasta el ´73 los
objetivos de las políticas económicas fue la obtención de divisas para importar
los bienes intermedios y del capital necesarios para la producción
manufacturera e incentivar la inversión a través del estímulo de ahorro interno
y creación de facilidades para la inversión extranjera, la cual lideró el
proceso de restructuración de la industria.
Entre 1955 y 1973 los sucesivos
gobiernos intentaron debilitar los sindicatos percibidos como el obstáculo que impedía
la reducción de la participación de los asalariados en el ingreso, sin embargo
los sindicatos continuaron movilizándose.
Los instrumentos de intervención
social fueron modificados, el sistema de salud comenzó a derrumbarse, los
sindicatos tuvieron menor actividad, El periodo inmediato posterior a la caída
de Perón (19955-1958) se caracterizó por: el desmantelamiento de la estructura
del gobierno peronista, hubo intervención de sindicatos, “flexibilización” de la
jornada de trabajo, regulación del derecho a huelga, descentralización de
inspección de trabajo y reducción del papel de los sindicatos en cuanto a la
determinación de los salarios y condiciones de trabajo.
1966-1973 “Revolución Argentina”
El gobierno militar de la “revolución Argentina” (1966-73)
emprendió un nuevo plan de estabilización y formuló un nuevo programa de crecimiento
económico basado en la industria. En este contexto se produjo:
Suspensión la negociación colectiva,
regulación del derecho a huelga, flexibilización el uso de la fuerza de
trabajo, se limitó los derechos de los asalariados referidos a la determinación
de salarios y condiciones de trabajo. El gobierno también aporto medidas
protectoras como la prohibición del empleo de inmigrantes clandestinos, extensión
de indemnización por despido y el sistema jubilatorio se extendió a todos los
asalariados privados y públicos. Se creó también el retiro para los trabajadores
independientes, las obras sociales se consolidaron mediante una ley nacional
que reguló su funcionamiento y la creación de una institución centralizadora
con representación de sindicatos y el gobierno, constituyendo la base para la extensión
de la cobertura de salud, ya que establecía contribuciones obligatorias de los
asalariados y los empleadores. La consolidación de la seguridad social fue la
estrategia del gobierno para compensar la caída de los salarios.
El retorno del Peronismo al gobierno,
luego de las elecciones de 1973 trajo aparejada una serie de reformas
significativas a la legislación laboral, pretendió expandir el mercado de
trabajo a través del crecimiento de la participación de los asalariados en el
producto. El primer código nacional del trabajo introdujo mecanismos para
fortalecer la posición de los trabajadores, hubo cambios en la organización de
los sindicatos que les proporcionaron mayor autonomía financiera y política, el
gobierno también impulsó un pacto social entre los trabajadores y empleadores
nucleados alrededor de la Confederación General Económica, con el fin de alcanzar
un acuerdo conjunto sobre salarios y precios para controlar la inflación y
asuntos vinculados con la política económica, pero el proyecto no prosperó, por
lo que la negociación colectiva volvió a ser el ámbito en que se llevó a cabo
la determinación de los salarios.
Restructuración económica y desindustrialización (1976)
El gobierno propuso restructurar
drásticamente los sindicatos y la economía, congeló salarios, libero el mercado
interno y lanzó políticas de apertura económica. La regulación del mercado de
trabajo trajo consigo: reducción de los costos laborales, se culpó a los
sindicatos de la hiperinflación desencadenada en 1975 y de una serie de “distinciones”
en el mercado de trabajo: ausentismo, baja productividad, alto costo laboral,
salarios rígidos a la baja y excesiva homogeneidad salarial que afectaba las
pequeñas industrias, se evitaron los despidos masivos para no generar aumento
dela conflictividad social. La negociación colectiva fue reemplazada por el
control gubernamental de salarios, se suprimió el derecho a huelga, se
redefinió la estructura de seguridad social, desplazando el mayor peso a la redefinición
de los salarios, las obras sociales fueron intervenidas y sustraídas del
control de sindicatos
Según la visión del gobierno la
redistribución de ingresos hacia el capital y disciplinamiento del trabajo
estimularía el ahorro interno, esto finalizó con la fuga de capitales, aumento
de la deuda externa, estancamiento, falta de ingresos tributarios acentuando la
crisis fiscal de estado.
1984-1989 Impasse en la intervención
social del estado.
El retorno
de la democracia a fines de 1983 no trajo aparejada la restauración de las
pautas de intervención social del estado previas a 1976. El periodo se
caracterizó por una aguda concentración del ingreso, creciente desempleo y niveles
de pobreza, debido a políticas estatales, caída de la inversión y planes
económicos fracasados.
El programa inicial de intervención social incluía:
“Democratización” de sindicatos, suponiendo que desplazaría la burocracia
sindical por medio de elecciones, pero finalizó legitimándola.
Creación de un sistema de salud
amplio, universalista, organizado y regulado por el Estado, las obras sociales
continuarían separadas de los sindicatos quedando los fondos fuera de su
control. Este proyecto fracasó debido a la fuerte oposición de los sindicatos y
empleadores.
La caída de empleo y salarios
contrajo la masa salarial, principal fuente de ingresos del sistema de
seguridad social afectado por la economía clandestina y precariedad. El sistema
jubilatorio continuó deteriorándose, hubo una importante reducción del gasto público
acentuándose la precariedad de servicios sociales e infraestructura.
1989 ¿Hacia un nuevo modelo de intervención social del estado?
El gobierno justicialista electo en
1989 puso en marcha una estrategia neoliberal para definir la intervención social
del estado. Las políticas apuntaban a:
-Desregular los mercados y reducir la
esfera de la actividad estatal en la economía y áreas sociales
-Reducción del salario y del empleo,
deterioro de las prácticas contractuales, continuando el decaimiento de los
sindicatos.
-El gobierno fragmentó el movimiento
sindical, otorgando beneficios a algunos sindicatos a cambio de apoyo
económico.
-Se discutió
Ley Nacional de Empleo que flexibilizaría contratos de trabajo; el decreto que
restringe el derecho a huelga; propuestas de privatización de sistemas
previsionales y elevar la edad de retiro.
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